Inspección de Hacienda: qué pueden revisar y cuáles son tus derechos

Una comunicación de la Agencia Tributaria no se responde con prisas ni con silencio. Primero hay que comprobar qué acto se ha notificado, qué impuesto y periodos abarca, por qué canal llegó y qué plazo aparece en el propio acto. Una llamada, un SMS o un correo que diga «te van a inspeccionar» no sustituye por sí solo una notificación tributaria: no entregues datos ni abras enlaces hasta verificarlo en la sede o en el canal oficial que figure en la comunicación.

La notificación debe permitir conocer el texto íntegro del acto, los recursos, el órgano y el plazo aplicable (art. 40 LPAC). Un aviso al correo o al dispositivo informa de que hay una notificación disponible, pero no la sustituye; en la vía electrónica se atiende al acceso y, si la relación electrónica es obligatoria o fue elegida, a las reglas de puesta a disposición y rechazo de 10 días naturales (art. 41 y art. 43). La sede, el acto y su justificante son los que permiten calcular el plazo.

Qué hace una inspección y qué debe indicar

La inspección tributaria investiga hechos no conocidos, comprueba declaraciones, obtiene información con trascendencia tributaria y puede regularizar la situación mediante liquidaciones cuando proceda (art. 141 LGT). Al iniciar las actuaciones debe informarte de su naturaleza y alcance, además de tus derechos y obligaciones (art. 147.2). Esa información permite saber qué se comprueba, pero no convierte cada frase de una carta en una conclusión sobre la deuda o una sanción.

La comunicación de inicio debe identificar el procedimiento, su objeto, las obligaciones y periodos, el requerimiento y el plazo de contestación cuando proceda (art. 87.3 RGAT). Salvo que se inicie mediante personación, ese reglamento prevé un plazo no inferior a 10 días desde el día siguiente a la notificación para comparecer, aportar documentos o alegar; comprueba el plazo concreto del acto.

El alcance puede ser general o parcial. Es parcial si no afecta a todos los elementos de la obligación tributaria del periodo; en una inspección parcial puedes solicitar que pase a general respecto del tributo y periodos afectados dentro de los 15 días desde la notificación de inicio. Ese plazo se computa como plazo administrativo de días hábiles cuando no haya una especialidad aplicable, conforme a la regla supletoria del art. 30 LPAC. La Administración debe ampliar o iniciar la general en seis meses, con las consecuencias que establece el art. 148 y el art. 149 LGT; el RGAT exige que la comunicación indique, para cada obligación y periodo, el alcance y los elementos incluidos o excluidos (art. 178 RGAT). Si aparecen razones sobrevenidas, el órgano puede modificar de forma motivada la extensión o el alcance y debe comunicarlo (art. 178.5); pedir una aclaración no suspende por sí solo el plazo. No es una ampliación automática ni significa que cualquier ejercicio quede incluido.

Qué documentos y lugares puede examinar

El art. 142 LGT contempla documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia y archivos informáticos con trascendencia tributaria, además de bienes, explotaciones y otros antecedentes necesarios para exigir la obligación. El criterio no es «todo lo que existe» ni «solo una factura»: la solicitud debe conectarse con la comprobación y debes conservar el expediente de lo que entregas. Para datos, informes o antecedentes que no deban estar disponibles de inmediato, el art. 171.3 RGAT fija como regla general 10 días hábiles desde el día siguiente a la notificación; en reiteraciones, 5 días hábiles. El acto y la norma aplicable pueden tener especialidades: no traslades esos plazos a cualquier requerimiento.

La inspección puede actuar en el domicilio fiscal, la actividad, el lugar donde haya pruebas o las oficinas administrativas. Para acceder a fincas o locales de actividad opera el régimen del art. 142.2, que contempla acuerdo de entrada o consentimiento. Un domicilio constitucionalmente protegido tiene una garantía distinta: la Administración necesita consentimiento o autorización judicial, y la solicitud debe justificar finalidad, necesidad y proporcionalidad conforme al art. 113 LGT. No confundas una oficina abierta al público con el domicilio protegido ni supongas que una negativa convierte toda la inspección en nula.

El derecho a la reserva de datos, a que la actuación sea lo menos gravosa posible y a formular alegaciones y aportar documentos aparece, entre otros, en el art. 34 LGT. Además, el art. 99.2 permite rehusar documentos que no sean exigibles por la normativa tributaria y los ya presentados por ti que estén en poder de la Administración actuante; esta puede pedir la ratificación de datos específicos. Es una protección de relevancia tributaria y proporcionalidad, no una regla para ignorar un requerimiento válido ni una autorización para que la Administración acceda sin límite a comunicaciones privadas.

Duración, actas y prueba

El plazo del procedimiento inspector es de 18 meses con carácter general. Puede ser de 27 meses en los supuestos del art. 150.1.b LGT, entre ellos el umbral de cifra anual de negocios para auditar cuentas, determinados grupos fiscales o la comprobación del Impuesto Complementario. La inclusión del Impuesto Complementario procede de la disposición final sexta de la Ley 7/2024, con efectos para periodos impositivos iniciados desde el 31 de diciembre de 2023; no convierte cualquier inspección en de 27 meses. El cómputo comienza con la notificación de inicio y termina con la notificación o notificación entendida del acto final; el acto de inicio debe informar del plazo aplicable. El art. 150 LGT también regula suspensiones, extensiones y efectos de incumplir el plazo: no es correcto calcularlo como una fecha fija sin revisar esas reglas.

La inspección documenta sus actuaciones mediante comunicaciones, diligencias, informes y actas. Las actas son documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motivan su formalización salvo prueba en contrario; los hechos aceptados en un acta se presumen ciertos y solo se rectifican mediante prueba de error de hecho (arts. 143 y 144). En la aplicación de los tributos, quien hace valer un derecho debe probar sus hechos, pero puede identificar pruebas que obren en poder de la Administración (art. 105). Entregar un contrato no obliga por sí solo a archivar la actuación: la Administración debe valorar el conjunto del expediente y motivar el resultado.

Antes de formalizar determinadas actas se abre el trámite de audiencia: el art. 183 RGAT lo sitúa antes de las actas de conformidad o disconformidad, y el art. 96 RGAT permite consultar y obtener copia del expediente, aportar documentos y formular alegaciones en los términos del trámite. No confundas ese trámite con los 15 días específicos del art. 157.3 LGT.

Las actas pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. En la disconformidad, el art. 157 prevé 15 días para alegar ante el órgano competente para liquidar; su cómputo se contrasta con la regla aplicable de días hábiles del art. 30 LPAC cuando proceda. Otros actos tienen el trámite y plazo que indique su norma y notificación. No traslades esos 15 días a todo requerimiento o propuesta.

Un plan seguro para contestar

1. Comprueba la notificación: conserva el documento completo, identificador, órgano, impuesto, periodos, alcance y fecha de puesta a disposición o recepción. Comprueba la autenticidad en la sede o canal oficial; una llamada aislada no fija el plazo.
2. Haz un inventario: copia cada documento pedido, su periodo y la fecha límite que figure en el acto. Si un documento no existe, explica esa circunstancia y aporta la prueba sustitutiva disponible; no alteres archivos ni fabriques justificantes.
3. Decide representación: puedes actuar por ti o mediante representante en las condiciones aplicables. La comparecencia personal solo puede requerirse excepcionalmente y de forma motivada cuando la naturaleza de las actuaciones lo exija.
4. Entrega por el canal señalado: usa la sede o el medio indicado, guarda justificante, relación de anexos y copia íntegra. Pide que las manifestaciones con relevancia tributaria se incorporen a la diligencia y solicita copia del expediente cuando proceda.
5. Lee cada acta y propuesta antes de firmar: la conformidad y el acuerdo tienen efectos propios; la disconformidad abre el trámite indicado en el acta. Si existe deuda o propuesta sancionadora, son decisiones distintas que requieren revisar hechos, prueba, motivación y plazos.

¿Un error implica automáticamente una sanción?

La infracción tributaria exige tipicidad y responsabilidad; las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia pueden ser sancionables cuando una norma las tipifica (arts. 178 y 183 LGT). El art. 179.2 contempla, entre otros supuestos, fuerza mayor, diligencia necesaria o interpretación razonable de la norma. No es una promesa de archivo: la resolución debe fijar hechos, pruebas, infracción, responsabilidad, cuantía y criterios de graduación.

Regularizar sin requerimiento puede activar el régimen de recargos del art. 27 LGT, que tiene condiciones y tramos propios; no lo presentes como una sanción ni como ausencia universal de responsabilidad. Si ya existe una actuación administrativa, revisa qué acto se ha notificado y la separación entre liquidación y sanción. Las reducciones de la sanción del art. 188 se explican en la guía sobre recursos y no deben darse por aplicables sin leer el acta y el acto sancionador.

Fuentes, alcance y fecha de consulta

La guía se apoya en la Ley 58/2003 en su publicación original y en el texto consolidado informativo del BOE, consultados el 7 de octubre de 2026: arts. 27, 34, 93, 99, 105, 109–114, 141–157, 178–190 y 207–212. La evolución de los plazos inspectores y sancionadores se contrastó con la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que reformó, entre otros, los arts. 150 y 211, y con la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modificó los recargos y las reducciones del art. 188 junto con su régimen transitorio. Para notificaciones, comparecencia y cómputo se consultaron los arts. 30, 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015 vigente y su publicación original; para los trámites reglamentarios seleccionados, los arts. 87, 96, 171, 178 y 183 del RGAT vigente y su publicación original. La regla de 10 y 5 días hábiles del art. 171.3 se contrastó además con la reforma del RD 1070/2017, su régimen transitorio y entrada en vigor de 1/01/2018. La versión consolidada se usa como consulta informativa: la publicación oficial y las reformas se identifican en los enlaces anteriores.

Alcance territorial: orientación general sobre el sistema tributario estatal español y actuaciones ante la AEAT. Navarra y el País Vasco tienen Convenio o Concierto Económico, y los actos de administraciones autonómicas, locales o forales pueden tener órganos, normas y plazos propios; comprueba la administración competente en tu acto. Revisión editorial: 07/10/2026. Esta información no es un dictamen profesional ni sustituye la lectura del expediente.

Cuadro resumen de plazos, normativa y herramientas sobre inspección de hacienda

Para que puedas comprobar de un vistazo los requisitos formales y las herramientas de cálculo aplicables a tu situación en 2026, resumimos en esta tabla los parámetros esenciales de Inspección de Hacienda: