Denuncia a Inspección de Trabajo: cómo presentarla y qué ocurre después

Una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) comunica posibles incumplimientos del orden social. Puede servir para investigar y corregir irregularidades, pero no sustituye una demanda laboral ni garantiza una multa, una indemnización o el cobro de salarios. Esta guía explica qué presentar, dónde hacerlo y qué plazos debes proteger en paralelo.

Ámbito y fecha: España, información general comprobada el 8 de octubre de 2026. Las oficinas, los servicios de conciliación y los órganos competentes pueden depender del territorio. Comprueba el destino provincial y el trámite oficial antes de enviar el escrito.

1. Qué se puede denunciar y quién puede hacerlo

La ITSS vigila normas laborales y de igualdad, prevención de riesgos, Seguridad Social, empleo y trabajo de personas extranjeras, entre otras materias legalmente atribuidas (artículo 12 de la Ley 23/2015). La acción de denuncia es pública: puede presentar hechos una persona trabajadora, un representante o un tercero que los conozca. No hace falta ser quien ha sufrido personalmente la irregularidad, pero sí cumplir los requisitos del canal formal (artículo 20 de la Ley 23/2015 y portal ITSS: denuncia formal y formulario IP-107).

Ejemplos: incumplimientos del registro o límites de jornada, impagos salariales, posibles contratos temporales fraudulentos, falta de alta o cotización, discriminación y deficiencias preventivas. La calificación exige comprobar hechos y norma: la LISOS diferencia infracciones graves y muy graves, sin que una etiqueta como «despido nulo» determine por sí sola una multa (artículo 7 de la LISOS y artículo 8 de la LISOS).

La Inspección actúa siempre de oficio: puede hacerlo por órdenes, planes, petición razonada, denuncia o iniciativa inspectora. Presentar el escrito no equivale a iniciar automáticamente un expediente sancionador ni es un requisito previo universal para demandar a la empresa (artículo 20 de la Ley 23/2015 y artículo 9 del RD 928/1998).

2. Denuncia identificada y Buzón anónimo: dos vías distintas

El artículo 20 de la Ley 23/2015, apartados 4 y 5, regula la denuncia y dispone que las anónimas no se tramitan como denuncias. El portal oficial ofrece por separado la comunicación anónima al Buzón ITSS. La Inspección puede utilizar información disponible para programar actuaciones, pero ello no convierte una comunicación anónima en un expediente a petición de parte.

Confidencialidad no significa anonimato ante la autoridad. Los funcionarios deben considerar confidencial el origen de las quejas; el portal ITSS indica que no revelan la identidad a la empresa inspeccionada (artículo 10 de la Ley 23/2015 y portal ITSS: denuncia formal y formulario IP-107). La reserva de identidad no permite asumir que pueda revelarse a la empresa por una necesidad genérica de investigación. La reserva tampoco garantiza que nadie pueda deducir quién comunicó hechos conocidos por pocas personas.

3. Qué debe contener el escrito y qué documentos ayudan

El artículo 9 del RD 928/1998, apartado 2, exige identificación personal y firma del denunciante, hechos presuntamente infractores dentro de la competencia inspectora, fecha y lugar, identificación de los presuntos responsables y demás circunstancias relevantes. Utiliza el IP-107 enlazado en el portal ITSS: denuncia formal y formulario IP-107 y completa los datos que pide, incluidos contacto, empresa y centro.

1. Identifica el centro de trabajo y dirige el escrito a la Inspección Provincial de la provincia donde se encuentre.
2. Describe qué ocurrió, desde cuándo, dónde y quién intervino. Separa hechos que conoces de sospechas o datos que no puedes confirmar.
3. Identifica empresa o empleador con los datos disponibles. Si desconoces NIF, cuenta de cotización o número exacto de afectados, indícalo y aporta los elementos que permitan localizar e identificar al responsable; consulta cómo completar el formulario.
4. Adjunta documentos pertinentes: nóminas, justificantes de pago, contratos, cuadrantes, comunicaciones o registros. Explica qué demuestra cada uno y conserva los originales.
5. Indica si hay una demanda judicial por los mismos hechos, como solicita el IP-107. Puede afectar a la actuación inspectora.
6. Firma y conserva copia del escrito, anexos, fecha y justificante de presentación. Revisa las comunicaciones posteriores para atender requerimientos.

Describe los hechos con claridad; no es necesario atribuirles por tu cuenta una calificación jurídica. Tampoco todos los casos exigen grabaciones, contratos sucesivos o un recuento exacto de trabajadores. No accedas a cuentas ajenas ni obtengas pruebas vulnerando derechos: en el proceso social son inadmisibles las obtenidas con violación de derechos fundamentales (artículo 90 de la LRJS). Evita aportar datos personales ajenos que no sean pertinentes.

La empresa debe garantizar un registro diario con inicio y fin de jornada y conservarlo durante cuatro años, disponible para trabajadores, representantes e ITSS (artículo 34 del ET, apartado 9). La ausencia de registro puede ser un incumplimiento, pero no prueba automáticamente cualquier horario alegado ni decide por sí sola una cantidad a cobrar. Aporta los elementos disponibles sin dar por ganado el resultado.

4. Dónde presentar la denuncia

• Electrónicamente: accede a la sede electrónica de la ITSS desde el portal oficial y utiliza el procedimiento de denuncia con su identificación y firma.
• Presencialmente: el portal ITSS señala oficinas provinciales y registros administrativos. El artículo 16 de la Ley 39/2015 reconoce las vías de presentación registral, incluidas oficinas de asistencia en materia de registros, en los términos aplicables.
• Por vía postal: dirígela a la Inspección Provincial del centro de trabajo y sigue las instrucciones oficiales. El portal exige copia compulsada de DNI/NIE y, en su caso, autorización expresa para verificar identidad; comprueba la modalidad de envío y conserva su justificante.

Las personas físicas pueden elegir medio salvo obligación de relación electrónica; personas jurídicas y otros sujetos del artículo 14 de la Ley 39/2015 deben usar esa relación cuando corresponda. Un autónomo no queda obligado electrónicamente por esa sola etiqueta en todos los trámites. Un correo genérico, un mensaje en redes o un formulario de atención no deben asumirse equivalentes al registro de una denuncia. El SEPE tiene funciones propias y su sede no es el canal general de denuncia ITSS.

Si la identificación tiene defectos o insuficiencias, el artículo 9.2 del RD 928/1998 prevé requerir su subsanación en quince días. Atiende el requerimiento concreto; no existe una secuencia universal de recepción en diez días, subsanación en cinco y visita a continuación (artículo 9 del RD 928/1998). La regla general del artículo 68 LPAC para solicitudes no debe reemplazar esta regla específica de la denuncia.

5. Qué hace la Inspección y cuánto puede durar

Puede visitar centros sin aviso previo, requerir comparecencias y documentos, examinar registros y usar datos administrativos. No toda denuncia requiere una visita. Al visitar debe identificarse y comunicar su presencia, salvo que ello perjudique el éxito de la función. Si el centro coincide con el domicilio de una persona física, necesita consentimiento expreso o autorización judicial (artículo 13 de la Ley 23/2015 y artículo 21 de la Ley 23/2015).

Las actuaciones comprobatorias tienen una regla de nueve meses, salvo dilación imputable al inspeccionado o sus dependientes. Pueden ampliarse hasta otros nueve por las causas y requisitos legales, como complejidad, obstrucción u ocultación o cooperación internacional. El cómputo comienza con la primera visita o con la comparecencia efectiva aportando toda la documentación relevante requerida; no se cuenta automáticamente desde la denuncia. Hay reglas propias sobre interrupciones, aplazamientos y pendencia judicial (artículo 21 de la Ley 23/2015 y artículo 17 del RD 138/2000).

La regla de interrupción de las comprobaciones es de cinco meses, con las excepciones del artículo 21.4. Ninguna de estas cifras promete una investigación en cinco minutos, una visita entre quince y cuarenta y cinco días o una respuesta final en seis meses desde que denuncias.

No se da curso a denuncias manifiestamente infundadas ni a asuntos judiciales cuyo pronunciamiento pueda condicionar la actuación, entre otros supuestos legales. Hay una excepción para cuestiones que puedan dar lugar a exigencia de cuotas de Seguridad Social: pueden iniciarse comprobaciones y, comunicada la sentencia firme, tramitar el expediente que proceda o archivar. Informa de la demanda; no ocultes esa circunstancia ni supongas que cualquier pleito impide toda intervención (artículo 20 de la Ley 23/2015, apartados 5 y 6, y artículo 9 del RD 928/1998).

6. Acta, alegaciones y resolución sancionadora

La actividad puede dar lugar a requerimientos, advertencias cuando procedan, actas de infracción, liquidaciones de cuotas, promoción de altas o encuadramiento, comunicaciones a otros órganos o paralización de trabajos peligrosos. Cada medida tiene sus requisitos (artículo 22 de la Ley 23/2015). Un acta propone hechos, infracción y sanción; no es una sentencia de salarios ni una sanción firme automática.

En el procedimiento general del acta de infracción, el presunto responsable tiene quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación para formular alegaciones. Los diez días hábiles mencionados por el reglamento corresponden a notificar el acta desde el término de la actuación, entendido como fecha del acta. No son el plazo para que el trabajador denuncie. Si concurren actas de infracción y liquidación por los mismos hechos, existe un procedimiento específico (artículo 17 del RD 928/1998).

El artículo 20 del RD 928/1998, apartado 3, establece seis meses desde el acta hasta la notificación de resolución sancionadora, con causas de ampliación, suspensión y tiempos que no se computan. Esa regla no fija la duración de toda investigación desde el registro de una denuncia. El órgano competente confirma, modifica o deja sin efecto la propuesta. El silencio no atribuye automáticamente salarios, indemnización ni una sanción favorable al denunciante (artículo 21 de la Ley 39/2015).

7. Multas y prescripción: importa la materia

La graduación depende de hechos, negligencia o intención, perjuicio, personas afectadas y demás criterios legales (artículo 39 de la LISOS). La escala general del artículo 40.1 incluye leves de 70 a 750 €, graves de 751 a 7.500 € y muy graves de 7.501 a 225.018 €, pero el mismo artículo establece escalas especiales, entre ellas para modalidades contractuales y determinadas infracciones de Seguridad Social, algunas calculadas sobre cuotas. No uses esa tabla como precio universal de cualquier infracción (artículo 40 de la LISOS).

La prevención tiene escala propia: leves de 45 a 2.450 €, graves de 2.451 a 49.180 € y muy graves de 49.181 a 983.736 €, con grados y requisitos del artículo 40.2. La multa pertenece al régimen sancionador público y no se entrega automáticamente a quien denuncia.

La regla general de prescripción de las infracciones del orden social es de tres años; Seguridad Social, cuatro; prevención, uno para leves, tres para graves y cinco para muy graves. Hay reglas específicas, como las de cooperativas, y causas de interrupción que requieren comprobación. Son plazos administrativos distintos de los de reclamar salarios o impugnar un despido (artículo 4 de la LISOS).

8. Salarios y despido: protege tu propia reclamación

La obligación de pago salarial y su mora están en el artículo 29 del ET: el interés por mora salarial es el 10 % de lo adeudado, con su aplicación al caso. Para exigir percepciones económicas, el plazo de un año se cuenta desde que la acción puede ejercitarse, no necesariamente desde el final del contrato (artículo 59 del ET, apartado 2). Una infracción administrativa aún investigable no implica que cualquier acción individual siga en plazo, ni lo contrario.

Para impugnar un despido, el plazo general es de veinte días hábiles desde el día siguiente a producirse, sin contar sábados, domingos y festivos en la sede judicial (artículo 59 del ET y artículo 103 de la LRJS). La denuncia ITSS no sustituye la demanda ni debes esperar a la visita para actuar.

La conciliación o mediación previa tiene su régimen y excepciones (artículo 63 de la LRJS y artículo 64 de la LRJS). Su solicitud interrumpe prescripción o suspende caducidad según el artículo 65 de la LRJS; en el régimen actual el cómputo se reinicia o reanuda, respectivamente, al día siguiente del intento o transcurridos quince días hábiles sin celebración. Los treinta días del mismo precepto tienen otra función: dar por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. No asumas que denunciar a ITSS produce esos efectos: hay que valorar la reclamación y la vía concretas.

La Inspección puede documentar incumplimientos y promover medidas, pero no sustituye la declaración judicial que corresponda sobre cantidades, relación laboral o despido. Si se declara un despido nulo, el efecto legal es readmisión inmediata y salarios dejados de percibir (artículo 55 del ET, apartados 5 y 6). No hay una indemnización uniforme de cuarenta y cinco días por presentar una denuncia.

Despido nulo e improcedente tienen efectos distintos. La nulidad remite al artículo 55 ET citado. Cuando se declara la improcedencia, el artículo 56 del ET regula la opción, en general del empresario, entre readmisión e indemnización de 33 días de salario por año con el límite de 24 mensualidades. La opción debe ejercerse en cinco días desde la notificación de la sentencia; sin opción se entiende readmisión. Si la persona despedida es representante legal de los trabajadores o delegado sindical, le corresponde la opción. Los salarios de tramitación y sus condiciones también se rigen por ese artículo; no se deben equiparar automáticamente los efectos de ambas calificaciones.

Para contratos anteriores al 12 de febrero de 2012, la disposición transitoria undécima del ET establece el cálculo por tramos: 45 días por año por servicios anteriores a esa fecha y 33 por los posteriores, con sus topes y excepción legal. Esa transición no convierte 45 días en una indemnización general por denunciar a ITSS ni permite calcular sin fechas y salario.

La condición fija por contratación temporal es una cuestión diferente de la multa. El artículo 15 del ET, apartados 4 y 5, contempla adquisición de esa condición por incumplimientos y determinados supuestos de sucesión de contratos u ocupación del puesto. Hay que comprobar hechos, fechas y régimen transitorio; la redacción original de 2015 no debe aplicarse como si no hubiera sido reformada por el RDL 32/2021, artículo primero, apartado tres. La consecuencia laboral procede de los supuestos legales, no del pago de una sanción administrativa ni de la mera presentación de la denuncia. Una controversia sobre la relación laboral conserva su vía propia.

9. Información, acceso al expediente y recursos

En la fase de investigación, el denunciante no puede alegar la condición de interesado. Tiene derecho a información sobre tramitación, hechos constatados y medidas cuando el resultado afecte a sus derechos individuales o colectivos. Los representantes unitarios o sindicales tienen la información prevista para denuncias en su ámbito de representación (artículo 20 de la Ley 23/2015, apartado 4).

En el eventual procedimiento sancionador puede tener condición de interesado si reúne los requisitos, y se reconoce expresamente la de determinados representantes por sus intereses legítimos de representación (artículo 9 del RD 928/1998 y artículo 4 de la Ley 39/2015). Los derechos de acceso y copia del artículo 53 de la Ley 39/2015 corresponden a esa condición y conviven con límites de confidencialidad. No se promete copia íntegra de cualquier investigación a cualquier tercero.

Si recibes un archivo o resolución, identifica qué acto es, si afecta a tus derechos y qué vía procede. No todo archivo de denuncia abre automáticamente un recurso de alzada al denunciante. La alzada depende del acto y la legitimación; el régimen sancionador contempla su propio recurso, órganos y excepciones (artículo 23 del RD 928/1998, artículo 112 de la Ley 39/2015, artículo 121 de la Ley 39/2015 y artículo 122 de la Ley 39/2015). La notificación concreta debe orientar el siguiente paso; pedir información no sustituye un recurso o demanda sujeto a plazo.

10. Represalias, riesgo urgente y actuación colectiva

La garantía de indemnidad protege a las personas trabajadoras frente a consecuencias desfavorables por actuaciones ante la empresa, administrativas o judiciales destinadas a reclamar derechos laborales, propias o de sus representantes. Se extiende al cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que trabajen en la misma empresa, en los términos de la LO 5/2024, disposición adicional tercera.

Que una medida ocurra después de reclamar no la convierte automáticamente en nula. Conserva cronología, comunicaciones e indicios. Ante indicios fundados de vulneración de derechos fundamentales, la parte demandada debe aportar justificación objetiva, razonable y suficientemente probada, con las reglas de artículo 96 de la LRJS y artículo 181 de la LRJS. La tutela por un despido se ejercita mediante su modalidad procesal, con las garantías que correspondan; no se sustituye su plazo por otro procedimiento genérico (artículo 184 de la LRJS). Pueden reclamarse daños por vulneración en los términos del artículo 183 de la LRJS, sin una cantidad automática por denunciar. Esa indemnización puede ser compatible, en su caso, con la que corresponda por modificación o extinción del contrato u otros supuestos laborales previstos en el artículo 183.3.

Ante riesgo grave e inminente, no esperes al resultado ordinario de una denuncia para protegerte. El artículo 21 de la LPRL regula la interrupción de actividad y abandono del lugar si resulta necesario, con sus condiciones y protección frente a perjuicios salvo mala fe o negligencia grave. La Inspección puede requerir subsanación o paralizar trabajos según artículo 43 de la LPRL y artículo 44 de la LPRL.

Varias personas o sus representantes pueden comunicar hechos comunes, pero cada presentación debe cumplir identificación y representación que corresponda. Una firma colectiva no garantiza sanción, prioridad o indemnización; un vecino, cliente o familiar tampoco adquiere seguimiento o condición de interesado solo por denunciar (artículo 20 de la Ley 23/2015).

Antes de enviarla: cinco comprobaciones útiles

• El hecho entra en la competencia ITSS y el centro está bien localizado.
• Has elegido denuncia formal identificada o comunicación al Buzón sabiendo qué implica cada una.
• El relato tiene fechas, hechos y responsables identificables; los anexos son pertinentes y lícitos.
• Conservas registro y copia, y atenderás los requerimientos recibidos.
• Has comprobado por separado salarios, despido, represalias o peligro urgente y sus vías y plazos.

Información orientativa general. No sustituye la revisión de hechos, documentos, territorio y plazos de tu caso ni se presenta como revisión de un abogado.

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