Accidente de trabajo: qué derechos tienes y cómo reclamar

Qué hacer después de un accidente: salud, constancia y pruebas

Si has sufrido una lesión mientras trabajabas, al desplazarte por una tarea o en el trayecto de ida o vuelta, atiende primero la urgencia médica. Pide que consten la fecha, el lugar, la actividad que realizabas y cómo ocurrió. Conserva partes, informes, fotografías, instrucciones, turnos, mensajes y los datos de quienes presenciaron el hecho. Describe hechos concretos: la calificación jurídica dependerá del expediente y no de una etiqueta puesta en el primer parte.

Comunica por escrito a la empresa que has sufrido el accidente y solicita que se tramite como contingencia profesional si esa es tu versión. Guarda el justificante. Si la empresa no lo reconoce, puedes pedir la determinación de contingencia a la entidad gestora y utilizar los cauces administrativos y judiciales que se explican abajo. La asistencia urgente no debe esperar a una discusión sobre quién debe emitir un parte.

El artículo 156 LGSS no fija un plazo general de 24 o 48 horas para que el trabajador comunique el accidente ni convierte esos números en una condición para tener cobertura. Las obligaciones empresariales de comunicación y las reglas preventivas pueden estar en otras normas; aquí no se atribuyen a ese artículo. Tampoco una comunicación tardía demuestra por sí sola que el accidente no sea laboral.

Qué es un accidente de trabajo según el artículo 156 LGSS

Para el Régimen General de las personas trabajadoras por cuenta ajena, el artículo 156.1 LGSS considera accidente de trabajo toda lesión corporal sufrida con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. El mismo precepto incluye, entre otros supuestos, los accidentes ocurridos al ejecutar tareas ordenadas o realizadas en interés del buen funcionamiento de la empresa y los que tienen conexión con actos de salvamento.

• En misión: un accidente durante un desplazamiento o tarea laboral puede tener conexión con el trabajo, pero se valoran la actividad y las circunstancias concretas.
• In itinere: el artículo 156.2.a menciona el accidente al ir o volver del lugar de trabajo. Su texto no limita el medio de transporte a transporte público o vehículo propio. La ruta, el trayecto, las interrupciones y el vínculo con el trabajo deben acreditarse en cada caso; no es correcto convertir una lista de medios de transporte en una regla legal.
• Presunción en tiempo y lugar de trabajo: las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo se presumen laborales salvo prueba en contrario, conforme al artículo 156.3.

La calificación tiene límites. El artículo 156.4 excluye la fuerza mayor extraña al trabajo y el accidente debido a dolo o imprudencia temeraria del trabajador. En cambio, el artículo 156.5 aclara que la imprudencia profesional derivada del ejercicio habitual y de la confianza que inspira el trabajo no impide la calificación; tampoco la culpabilidad civil o penal de la empresa, de un compañero o de un tercero elimina por sí sola el carácter laboral si guarda relación con el trabajo. Esto resuelve la clasificación de la contingencia, pero no decide automáticamente el recargo ni una indemnización de daños.

Accidente de trabajo y enfermedad profesional no son lo mismo

La enfermedad profesional del artículo 157 LGSS exige que la enfermedad proceda de una actividad, elemento o sustancia incluidos en el cuadro reglamentario. El artículo 1 del RD 1299/2006 aprueba su anexo I y una lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha en el anexo II. Un diagnóstico frecuente en un puesto no basta para afirmar que es enfermedad profesional: hay que contrastarlo con la actividad y el agente del cuadro.

Una enfermedad no incluida en el artículo 157 puede calificarse como accidente de trabajo si se demuestra que la ejecución del trabajo fue su causa exclusiva, según el artículo 156.2.e LGSS. Es una vía distinta, con una exigencia probatoria distinta. No deben mezclarse automáticamente accidente, enfermedad profesional y enfermedad común.

Incapacidad temporal en el Régimen General

Esta explicación se centra en una persona trabajadora incluida en el Régimen General. El trabajo autónomo y otros regímenes tienen reglas de encuadramiento, cobertura y cálculo propias; si perteneces a uno de ellos, comprueba primero esa normativa.

Para una incapacidad temporal derivada de accidente, sea o no laboral, o de enfermedad profesional, el artículo 172.b LGSS no exige un período previo de cotización. El artículo 166.4 considera a los trabajadores del Régimen General en alta a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aunque la empresa haya incumplido sus obligaciones, sin borrar por ello la responsabilidad empresarial. No se exige una condición acumulativa de cotización en el mes anterior, una antigüedad mínima universal ni una comunicación previa para causar esa protección, sin perjuicio de los requisitos generales y del reconocimiento de la contingencia.

El artículo 173.1 LGSS sitúa el subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el día siguiente a la baja y deja a cargo de la empresa el salario íntegro del día de la baja. Para el Régimen General, el artículo 171 LGSS y el artículo segundo del Decreto 3158/1966 llevan al 75 % de la base reguladora en AT/EP. No es el 75 % del salario neto ni una media universal de 180 días, y no debe sustituirse por el atajo de llamar “base de cotización en la fecha de inicio” a una única cifra.

En un contrato a tiempo completo, la información de la Seguridad Social sobre incapacidad temporal profesional desglosa, para AT/EP, la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior, sin horas extraordinarias, dividida por los días a que corresponda, y la cotización por horas extraordinarias del año natural anterior dividida por 365, con el ajuste que corresponda si la antigüedad es inferior. El artículo trece del Decreto 1646/1972 contempla además la división por 30 cuando la retribución es mensual y se ha permanecido en alta todo el mes, el promedio de pagas extraordinarias y conceptos de devengo superior a un mes durante los 12 meses anteriores y la regla del mes de ingreso. En los contratos a tiempo parcial, el artículo 248.1.c LGSS ordena sumar las bases acreditadas desde la última alta, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante, y dividir esa suma por los días naturales comprendidos en el período. Para un fijo-discontinuo, el mismo precepto ordena sumar las bases acreditadas desde el alta en el régimen iniciada por la prestación de servicios del último llamamiento, con el mismo límite de tres meses y divisor de días naturales. Son fórmulas de base reguladora: convenio, complementos empresariales, régimen y expediente pueden cambiar lo que finalmente aparece en nómina.

La incapacidad temporal por enfermedad o accidente puede durar hasta 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se prevea la curación, según el artículo 169.1.a LGSS. Los períodos de observación por enfermedad profesional tienen un máximo de 180 días prorrogable por otros 180. Agotados 365 días, el INSS tiene las competencias médicas que detalla el artículo 170; frente a un alta del INSS en ese momento existe un trámite específico de disconformidad de cuatro días naturales. No debe confundirse con todas las demás altas médicas.

Hay dos recorridos administrativos que conviene separar. Si una mutua o empresa colaboradora emite un alta por contingencia profesional antes de agotarse los 12 meses, el artículo 4 del RD 1430/2009 permite al interesado iniciar la revisión ante la entidad gestora dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación; debe comunicarlo a la empresa el mismo día o el siguiente hábil. El inicio suspende los efectos del alta y puede mantener el abono durante la tramitación, sin impedir una posterior regularización por prestaciones indebidamente percibidas si la resolución confirma o fija otra fecha. Para discutir si la contingencia es común o profesional, el artículo 6 permite iniciar el procedimiento desde la baja por el INSS, la Inspección, el servicio público de salud, la persona trabajadora o la mutua en los asuntos que le afecten; si no lo inició la persona trabajadora, dispone de 10 días hábiles para alegar y aportar documentos, hay informe preceptivo del equipo de valoración y la resolución tiene un máximo de 15 días hábiles desde la documentación o el vencimiento de los plazos. Son plazos ligados al emisor y al procedimiento: no se elige entre ellos.

Secuelas e incapacidad permanente: qué se decide y cómo se calcula

Una secuela no produce por sí sola una indemnización. El artículo 200 LGSS atribuye al INSS la declaración de la incapacidad permanente y sus revisiones. El artículo 194 clasifica los grados atendiendo al porcentaje de reducción que se establezca reglamentariamente y a su incidencia en la profesión o grupo profesional. Su aplicación necesita una precisión: la disposición transitoria vigésima sexta LGSS dice que el nuevo artículo 194.3 se aplicará cuando entre en vigor su desarrollo reglamentario y mantiene mientras tanto las definiciones operativas, entre ellas la profesión habitual y la IPP con una reducción no inferior al 33 % sin impedir las tareas fundamentales. La valoración exige informes y hechos médicos; una misma lesión puede tener efectos profesionales diferentes.

Cuando se reconoce una incapacidad permanente parcial (IPP), el artículo 196.1 la configura como una cantidad a tanto alzado. La regla de desarrollo seleccionada del artículo tercero del Decreto 1646/1972 describe una disminución no inferior al 33 % del rendimiento normal de la profesión sin impedir las tareas fundamentales, y su artículo noveno fija, para la IPP reconocida, una cantidad equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la incapacidad temporal de la que deriva. La base exacta y la aplicación al expediente deben comprobarse: no hay en esas normas un mínimo y máximo monetario universal que pueda aplicarse sin el expediente y la regla de cálculo correspondientes.

Por ejemplo, si el expediente reconociera una IPP y la base reguladora aplicable fuese 1.000 euros mensuales, 24 mensualidades serían 24.000 euros. Es una operación ilustrativa, no una predicción: primero deben existir la declaración del INSS, el grado y la base correctos. Las lesiones definitivas que no llegan a incapacidad permanente pueden tener el baremo del artículo 201 LGSS, con cantidades fijadas por su normativa de desarrollo, que es una figura distinta.

Las pensiones de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad tienen reglas propias de cuantía, revisión y compatibilidad. El artículo 198 LGSS no permite resumirlas diciendo que cualquier trabajo es compatible: por ejemplo, en los grados de absoluta o gran incapacidad prevé suspensión del pago si la actividad determina inclusión en un régimen de Seguridad Social, mantiene una regla específica para el complemento de gran incapacidad y deja a salvo la revisión. Hay que leer el grado y el trabajo concreto.

Seguridad, recargo y daños: tres conceptos que no deben confundirse

El artículo 25 LPRL obliga a proteger específicamente a las personas especialmente sensibles a determinados riesgos, teniendo en cuenta sus características en la evaluación y evitando puestos incompatibles con su estado. Ese deber preventivo no convierte cualquier secuela en una orden automática de recolocación ni decide por sí solo una extinción.

Si el accidente o la enfermedad profesional se relaciona con falta de medidas de seguridad, el artículo 164 LGSS permite un recargo de las prestaciones económicas del 30 % al 50 %, según la gravedad de la falta. Lo paga directamente el empresario infractor, no puede asegurarse y es compatible con otras responsabilidades. El recargo requiere que se acrediten la infracción, el nexo y la prestación afectada; no es una indemnización automática ni se activa solo por pedirlo. La Inspección puede investigar y documentar una infracción, pero no sustituye la resolución competente sobre la prestación, el recargo o los daños.

Los daños que se reclamen al empresario o a otros responsables por un accidente o enfermedad profesional se llevan al orden social en los términos del artículo 2.b LRJS, que incluye la acción directa contra la aseguradora. Esa vía es distinta de la prestación de Seguridad Social y del recargo. La cuantía exige probar daño, causalidad y responsabilidad; el artículo 2.b no garantiza un importe ni permite llamar “indemnización” a cada pago recibido.

Qué ocurre con el contrato si queda una incapacidad

La declaración de una IPP no extingue automáticamente el contrato por el solo hecho de existir. Tras la reforma de la Ley 2/2025, de 29 de abril, el artículo 49.1.n ET se refiere a gran incapacidad, incapacidad permanente absoluta o total, y solo contempla la extinción cuando no sea posible un ajuste razonable por carga excesiva, no exista puesto vacante compatible o la persona rechace un cambio adecuadamente propuesto, con las garantías del propio precepto. La carga excesiva se valora por el coste en relación con el tamaño, los recursos, la situación económica y el volumen de negocio de la empresa, y puede dejar de ser excesiva si ayudas o subvenciones públicas la palían suficientemente; no es una obligación incondicional de adaptar cualquier puesto. La persona trabajadora dispone de diez días naturales desde la notificación de la resolución que califica la incapacidad permanente para manifestar por escrito que desea mantener la relación; la empresa dispone, con carácter general, de hasta tres meses desde la notificación a la empresa de esa resolución para realizar los ajustes o el cambio de puesto y debe motivar y comunicar por escrito su decisión. Los servicios de prevención, previa consulta con la representación preventiva, determinan el alcance y las características de los ajustes —incluidas formación, información y vigilancia de la salud— e identifican los puestos compatibles.

El artículo 48.2 ET conserva durante dos años la suspensión y reserva del puesto cuando la incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad vaya a ser previsiblemente revisada por mejoría que permita volver al puesto. También contempla la suspensión mientras se resuelven los ajustes o el cambio previstos en el artículo 49.1.n. El artículo 52.a ET regula la ineptitud conocida o sobrevenida como causa objetiva, pero no transforma cualquier limitación en ineptitud ni permite afirmar que todo despido será nulo o improcedente: hacen falta causa, forma y hechos comprobables.

Reclamaciones y plazos: identifica primero qué estás reclamando

Para pedir el reconocimiento de una prestación de Seguridad Social, el artículo 53 LGSS establece como regla el plazo de cinco años desde el día siguiente al hecho causante, con las excepciones legales y reglas de interrupción que el propio artículo recoge. No es un plazo general de un año desde el alta ni se amplía automáticamente a cinco por fraude. Para prestaciones a tanto alzado o de pago único, el artículo 54 fija una caducidad de un año desde el día siguiente a la notificación de su reconocimiento; en prestaciones periódicas, cada mensualidad caduca al año de su vencimiento.

Si se deniega o modifica una prestación, la vía general exige reclamación previa ante la entidad gestora: el artículo 71 LRJS prevé, como regla, 30 días desde la notificación, 45 días para contestar y otros 30 para demandar desde la denegación expresa o por silencio. Si la resolución la dictó una entidad colaboradora, la reclamación se presenta ante ella cuando tenga atribuida esa competencia. El alta del INSS al agotarse 365 días está exenta de reclamación previa, mientras que otras impugnaciones de alta pueden tener 11 días para reclamar y 20 para demandar según el emisor y el procedimiento aplicable; la persona no puede elegir esos plazos. El artículo 140 LRJS reserva para estas impugnaciones una tramitación urgente y preferente, limita las acciones acumulables y no convierte en automática la discusión sobre contingencia o cuantía.

La demanda de daños frente a la empresa tiene su propia acción y plazo; no se puede sustituir por el plazo de una prestación. Antes de contar días, identifica si pides calificación de contingencia, subsidio, incapacidad permanente, recargo o daños y qué resolución has recibido. Conserva la fecha de notificación y el justificante de cada presentación. Si estás en RETA o en un régimen especial, no traslades estas reglas del Régimen General sin comprobar la norma aplicable.

Tres situaciones orientativas

1. Caída durante la jornada: una lesión sufrida en el centro y horario de trabajo parte de la presunción del artículo 156.3, aunque la empresa, la mutua o el INSS pueden discutir hechos y alcance. Si falta una protección reglamentaria, esa cuestión puede abrir un expediente de recargo, pero no fija por sí sola un porcentaje ni una indemnización.
2. Trayecto: una caída al ir de casa al trabajo no se resuelve preguntando si se usó coche propio, transporte público o un vehículo compartido. El artículo 156.2.a no enumera medios; se documentan trayecto, finalidad, tiempos e interrupciones y se decide con esos hechos.
3. Dolencia progresiva: un diagnóstico de tendinitis o síndrome compresivo no es automáticamente accidente ni enfermedad profesional. Se compara la actividad y el agente con el cuadro del RD 1299/2006; si no encaja, todavía puede discutirse el artículo 156.2.e, pero exige probar que el trabajo fue causa exclusiva.

La documentación médica y laboral ayuda a abrir la vía correcta, pero ninguna guía puede anticipar la calificación, el grado, el recargo o la cuantía sin el expediente completo.

Cuadro resumen de plazos, normativa y herramientas sobre accidente de trabajo

Para que puedas comprobar de un vistazo los requisitos formales y las herramientas de cálculo aplicables a tu situación en 2026, resumimos en esta tabla los parámetros esenciales de Accidente de trabajo: