La Administración te ha dicho que no, o no te ha dicho nada, y desde ese momento corre un reloj que no se detiene por volver a insistir por escrito. Dos meses si la resolución fue expresa; seis si lo que tienes es silencio. Cuando el plazo vence ya no se discute el fondo: el recurso se inadmite sin llegar a examinar si tenías razón, y esa es la razón por la que conviene fijar la fecha antes que el argumento.
Dos meses si el acto es expreso, seis si hay silencio
- El plazo general para interponer el recurso es de dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto, cuando es expreso.
- Si el acto es presunto —silencio administrativo—, el plazo pasa a seis meses desde el día siguiente a que se produzca.
- Frente a una actuación en vía de hecho los plazos se acortan mucho: diez días desde que termina el plazo del requerimiento, o veinte desde que se inició la actuación si no hubo requerimiento.
- Si se interpuso recurso potestativo de reposición, el cómputo arranca al notificarse su resolución expresa o cuando deba entenderse desestimado.
- El órgano competente depende de quién dictó el acto: juzgados provinciales y centrales, salas de los tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (conocida como LJCA) es la norma que regula cómo los tribunales controlan la actuación de las Administraciones públicas. Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de julio de 1998 y entró en vigor cinco meses después, el 14 de diciembre de 1998. Su función es esencial en un Estado de Derecho: permite a cualquier ciudadano o empresa acudir a un juez cuando considera que una decisión administrativa (una multa, una denegación de licencia, una sanción, un silencio) es contraria a Derecho.
Objeto y ámbito de la ley
El artículo 1 LJCA establece que el orden contencioso-administrativo conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
Bajo el concepto de Administraciones públicas se incluyen, entre otras:
- La Administración General del Estado.
- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- Las entidades que integran la Administración local (ayuntamientos, diputaciones).
- Las entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a las anteriores.
En síntesis, la LJCA es el cauce judicial para fiscalizar al poder público: actos administrativos, reglamentos, inactividad y vías de hecho de la Administración.
Estructura de la LJCA
La ley se organiza en varios títulos, complementados por disposiciones adicionales, transitorias y finales. Esta es su arquitectura básica:
| Título | Contenido | Artículos |
|---|---|---|
| Título I | Orden jurisdiccional: ámbito y órganos competentes | 1 a 12 |
| Título II | Las partes: capacidad, legitimación y representación | 18 a 24 |
| Título III | Objeto del recurso: actividad impugnable y pretensiones | 25 a 42 |
| Título IV | Procedimiento ordinario y abreviado, recursos y ejecución | 43 a 113 |
| Título V | Procedimientos especiales (derechos fundamentales, etc.) | 114 a 127 quinquies |
| Título VI | Disposiciones comunes, incluidas las medidas cautelares | 128 a 136 |
| Título VII | Costas procesales | 137 a 139 |
Artículos y contenidos clave
Órganos competentes (arts. 8 a 12)
La LJCA reparte el conocimiento de los asuntos entre distintos órganos:
- Juzgados de lo Contencioso-administrativo (art. 8): asuntos de entidades locales, determinadas sanciones, extranjería, materia electoral local, entre otros.
- Juzgados Centrales (art. 9): actos de ciertos órganos centrales del Estado.
- Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 10): actos de las Comunidades Autónomas y entidades locales no atribuidos a los Juzgados.
- Audiencia Nacional (art. 11): actos de Ministros y Secretarios de Estado, entre otros.
- Tribunal Supremo (art. 12): actos del Consejo de Ministros y el recurso de casación.
Actos recurribles (art. 25)
El artículo 25 LJCA dispone que el recurso es admisible frente a las disposiciones de carácter general y frente a los actos expresos y presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite (estos últimos, cuando deciden el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión). También cabe recurrir la inactividad de la Administración (art. 29) y la vía de hecho (art. 30).
El plazo para recurrir (art. 46)
Uno de los puntos más importantes para el ciudadano es el plazo, regulado en el artículo 46 LJCA:
- Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto, cuando este es expreso.
- Seis meses en caso de acto presunto (silencio administrativo), a contar desde el día siguiente a que se produzca el acto presunto, según la normativa específica.
Conviene saber que el Tribunal Constitucional ha matizado este régimen: frente a las desestimaciones por silencio, el plazo de dos meses no opera de forma automática como caducidad, dada la naturaleza del silencio negativo como ficción legal. Por su trascendencia, este punto debe analizarse caso a caso.
Procedimiento ordinario y abreviado
El procedimiento ordinario (arts. 43 y siguientes) sigue las fases clásicas: interposición del recurso, reclamación del expediente administrativo, demanda y contestación, prueba, vista o conclusiones y sentencia.
El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) es más ágil y se reserva a asuntos de personal, extranjería, asilo, disciplina deportiva en materia de dopaje y, en general, aquellos cuya cuantía no supere los 30.000 euros (límite fijado por la Ley 37/2011). Se inicia directamente por demanda y se concentra en una vista oral.
Medidas cautelares (arts. 129 a 136)
Los artículos 129 a 136 LJCA permiten al interesado solicitar medidas cautelares (como la suspensión del acto recurrido) para asegurar que la futura sentencia no pierda su finalidad. El tribunal valora especialmente que la ejecución del acto pueda hacer perder al recurso su finalidad legítima, ponderando los intereses en conflicto y el interés público.
Recursos: apelación y casación (arts. 80 a 93)
Contra las sentencias caben recursos. El recurso de apelación (arts. 80 y siguientes) procede frente a determinadas sentencias de los Juzgados. El recurso de casación (arts. 86 a 93), tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015 (en vigor desde el 22 de julio de 2016), se admite cuando concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, valorado por el Tribunal Supremo.
Reformas recientes vigentes en 2026
La LJCA ha sido modificada en numerosas ocasiones. Las reformas más relevantes vigentes son:
- Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal: elevó a 30.000 euros la cuantía del procedimiento abreviado.
- Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio: rediseñó por completo el recurso de casación (arts. 86 a 93), introduciendo el interés casacional objetivo.
- Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE de 3 de enero de 2025, con entrada en vigor de gran parte de sus previsiones a partir del 3 de abril de 2025): introdujo cambios en el procedimiento abreviado, incluida la posibilidad de dictar sentencias orales (in voce) y la ampliación de supuestos del abreviado, además de impulsar los medios adecuados de solución de controversias y la reorganización de la planta judicial en Tribunales de Instancia.
Relación con otras normas
La LJCA no se aplica de forma aislada. Se relaciona estrechamente con:
- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que regula la vía administrativa previa que normalmente debe agotarse antes de acudir a los tribunales.
- La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que opera como norma supletoria en lo no previsto por la LJCA.
- La Constitución Española, cuyo artículo 106 consagra el control judicial de la actuación administrativa.
Preguntas frecuentes
¿Qué controla la jurisdicción contencioso-administrativa?
Controla la legalidad de la actuación de las Administraciones públicas: actos administrativos, reglamentos, inactividad y vías de hecho, así como la responsabilidad patrimonial de la Administración.
¿Cuánto tiempo tengo para recurrir un acto administrativo?
Con carácter general, dos meses desde la notificación o publicación si el acto es expreso. Si la Administración no responde (silencio), el plazo de referencia es de seis meses, con los matices que la jurisprudencia constitucional ha introducido. Es recomendable no apurar el plazo y consultar con un abogado.
¿Necesito agotar la vía administrativa antes de demandar?
Por regla general, el recurso contencioso-administrativo se dirige contra actos que ya ponen fin a la vía administrativa. Por ello suele ser necesario interponer antes el recurso administrativo correspondiente (por ejemplo, recurso de alzada o reposición), salvo excepciones legales.
¿Qué diferencia hay entre procedimiento ordinario y abreviado?
El abreviado (art. 78) es más rápido, se inicia por demanda y concentra el debate en una vista oral; se reserva a asuntos de hasta 30.000 euros y a materias concretas como personal o extranjería. El ordinario se reserva para asuntos de mayor cuantía o complejidad y tiene fases escritas más completas.
¿Puedo pedir que se suspenda el acto mientras dura el juicio?
Sí. Los artículos 129 a 136 LJCA permiten solicitar medidas cautelares, como la suspensión del acto recurrido, cuando su ejecución pueda hacer perder al recurso su finalidad. El tribunal pondera los intereses en juego antes de acordarlas.
Información orientativa; consulta tu caso con un abogado. Para una valoración personalizada, puedes consulta tu caso.
Fuente oficial: texto consolidado de la Ley 29/1998 en el BOE.