Convenio regulador de divorcio o separación: qué incluye

El convenio regulador recoge los acuerdos sobre los efectos de una separación o un divorcio. En el régimen del Código Civil común debe contener, cuando sean aplicables, las materias del art. 90 CC. La vía judicial, la del letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y la notarial tienen requisitos distintos; esta guía no garantiza aprobación, resultado, plazo ni precio. El derecho civil territorial y los hechos concretos pueden cambiar la respuesta.

Qué es y qué puede regular

En un divorcio o una separación de mutuo acuerdo, el convenio acompaña la solicitud judicial o se incorpora a la escritura pública cuando la vía notarial sea legalmente posible. La propuesta debe distinguir los acuerdos sobre los hijos, la vivienda, las cargas, los alimentos, la liquidación del régimen económico y la pensión compensatoria. La autoridad competente debe aprobarlo o formalizarlo según la vía; un borrador firmado entre particulares no tiene por sí solo el mismo efecto que un convenio aprobado o una escritura pública. Un pacto privado sobre bienes o pagos tampoco sustituye una medida judicial y no implica por sí solo la nulidad o anulabilidad del título.

Tras la aprobación judicial o el otorgamiento de la escritura pública, los acuerdos pueden hacerse efectivos por la vía de apremio en los términos del art. 90.2 CC. El incumplimiento se analiza según la medida afectada y la resolución o escritura que la contiene. La ejecución no convierte en correcta una cláusula que nunca fue aprobada ni resuelve por sí sola una modificación posterior de las circunstancias.

La reforma de la separación y el divorcio sin necesidad de alegar causa y con un plazo general de tres meses se introdujo por la Ley 15/2005. La Ley 15/2015 abrió las vías ante LAJ y notario para los supuestos que la ley permite. La Ley 8/2021 actualizó la redacción sobre hijos mayores con medidas judiciales de apoyo, y la Ley 17/2021 incorporó el destino, convivencia, cuidado y bienestar de los animales de compañía.

Contenido mínimo del convenio

• Hijos y patria potestad: cuidado, ejercicio de la patria potestad y comunicación y estancias con el progenitor con quien no convivan habitualmente, conforme al art. 90.1.a CC. La custodia compartida puede proponerse, pero no se presume ni se aprueba automáticamente.
• Abuelos: si resulta necesario, visitas y comunicación con los nietos teniendo en cuenta su interés, también dentro del art. 90.1.b CC; exige el consentimiento de los abuelos cuando el juez valore ese acuerdo.
• Animales de compañía: destino, tiempos de convivencia y cuidado y cargas asociadas, atendiendo al bienestar del animal y al interés familiar (art. 90.1.b bis CC).
• Vivienda y ajuar: atribución de uso conforme al art. 90.1.c CC; el régimen del art. 96 CC contempla a los hijos comunes menores y los casos en que convenga prolongar el uso por la discapacidad de un hijo, además de los supuestos sin hijos. Las reglas de vivienda del art. 96 no se condicionan a que existan medidas judiciales de apoyo atribuidas a progenitores.
• Cargas y alimentos: contribución, bases de actualización y garantías, además de los alimentos de los hijos, según el art. 90.1.d CC. El juez determina la contribución conforme a necesidades y medios económicos (art. 93 CC); la guía no da una fórmula universal.
• Liquidación económica: liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio (art. 90.1.e CC). Puede requerir inventario, documentos y tratamiento fiscal propio.
• Pensión compensatoria: la que corresponda, si existe desequilibrio económico y empeoramiento respecto de la situación matrimonial, conforme al art. 97 CC; no es obligatoria en todos los convenios.

Hijos, custodia, visitas y audiencia

La separación o el divorcio no elimina las obligaciones parentales. El art. 92 CC exige que las decisiones sobre custodia, cuidado y educación atiendan al interés superior del menor y contempla su derecho a ser oído, el informe del Ministerio Fiscal y la valoración de las circunstancias. El art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 coloca el interés superior del menor por encima de otros intereses legítimos concurrentes, y su art. 9 reconoce el derecho a ser oído y escuchado con información comprensible y adaptada.

El régimen de visitas no se fija por una frase estándar: la autoridad judicial determina tiempo, modo y lugar y puede limitarlo o suspenderlo en los supuestos del art. 94 CC. El acuerdo debe describir las necesidades reales sin presentar la custodia compartida, el régimen de estancias o la casa nido como una solución garantizada.

Uso de la vivienda familiar

Si no hay un acuerdo aprobado por la autoridad judicial, el art. 96 CC atribuye como regla el uso de la vivienda y objetos ordinarios a los hijos comunes menores y al cónyuge con quien queden hasta la mayoría de edad. Si entre los menores hay alguno con discapacidad que haga conveniente continuar el uso después de la mayoría de edad, la autoridad judicial fija la duración según las circunstancias; los hijos comunes mayores con discapacidad que estuvieran en una situación similar al divorcio se equiparan a los menores en esa situación. Si no hay hijos, puede atribuirse el uso al cónyuge no titular cuando sea aconsejable y su interés sea el más necesitado de protección. El mismo precepto limita la disposición de la vivienda cuyo uso fue atribuido y exige consentimiento de ambos o autorización judicial. El convenio debe identificar el inmueble, su uso, gastos y las condiciones que realmente hayan pactado; no debe prometer una atribución automática.

Divorcio de mutuo acuerdo: vías y requisitos

El divorcio se puede pedir por ambos cónyuges, por uno con el consentimiento del otro o por uno solo. Cuando se pide con consentimiento, el art. 86 CC remite a los requisitos del art. 81 CC: en general deben haber transcurrido tres meses desde la boda. La excepción por riesgo del art. 81.2 opera en la vía judicial a la que remite el Código Civil; esta guía no la extiende automáticamente a la escritura notarial o al trámite ante el LAJ, que tienen sus propios requisitos.

Vía judicial. La solicitud de mutuo acuerdo se tramita por el art. 777 LEC, con certificación del matrimonio, certificados de nacimiento cuando proceda, propuesta de convenio y documentos que sustenten la solicitud. Los cónyuges se ratifican por separado. Si hay hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el tribunal recaba informe del Ministerio Fiscal y puede oírlos en los términos legales. El art. 750 LEC exige asistencia de abogado y representación por procurador, aunque en el procedimiento consensual pueden valerse de una sola defensa y representación.

Vía ante LAJ o notario. Los art. 82 CC y art. 87 CC permiten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo ante el LAJ o en escritura pública ante notario cuando no existan hijos en la situación a la que se refiere el artículo 81. Los cónyuges deben comparecer personalmente y estar asistidos por abogado; los hijos mayores o menores emancipados sin ingresos propios que convivan en el domicilio familiar deben consentir las medidas que les afecten. La vía notarial o del LAJ no se usa para sortear la protección de menores ni de hijos mayores con medidas judiciales de apoyo. En la vía del LAJ, el art. 777.10 LEC regula el decreto cuando no existen esos hijos; si el LAJ aprecia que un pacto puede ser dañoso o gravemente perjudicial, termina el procedimiento y queda la vía judicial.

Los efectos del divorcio se producen desde la firmeza de la sentencia o del decreto, o desde el otorgamiento de la escritura pública de consentimiento; frente a terceros, el art. 89 CC exige la inscripción en el Registro Civil en los términos legales.

En la escritura pública, el art. 54 de la Ley del Notariado permite prestar el consentimiento ante el notario del último domicilio común o ante el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes, siempre con asistencia letrada. La competencia judicial y la autoridad que debe intervenir dependen además de la vía, el domicilio y las circunstancias familiares; esta guía no determina qué juzgado o notaría concreta debe tramitar un caso.

Negociación previa y MASC

La Ley Orgánica 1/2025, arts. 3 y 4, regula los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles. Puede emplearse para materias familiares disponibles y para alcanzar acuerdos dentro de la ley, la buena fe y el orden público, pero las materias no disponibles no pueden someterse a MASC. Su art. 4.1 permite aplicarlos a los efectos y medidas de los arts. 102 y 103 CC, sin perjuicio de la homologación judicial del acuerdo; no sustituye el control judicial cuando sea necesario.

Su art. 5 establece con carácter general actividad negociadora previa en los procesos declarativos del Libro II y en los procesos especiales del Libro IV de la LEC. El apartado 2 enumera excepciones materiales, y el apartado 3 exceptúa la iniciación de expedientes de jurisdicción voluntaria con las salvedades legales. Por eso no se afirma aquí que todo convenio de mutuo acuerdo, modificación o escritura notarial quede automáticamente dentro o fuera del requisito: hay que identificar la vía y comprobar la excepción aplicable.

Cuando el requisito sea aplicable, el intento debe documentarse conforme al art. 10, con identidad, fecha, objeto y constancia de la solicitud o invitación recibida, o con el documento firmado que corresponda. Un burofax genérico no acredita por sí solo cualquier requisito. La negociación y su documentación son confidenciales con los límites y excepciones del art. 9. Además, el art. 89.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial veda los MASC en los casos de competencia civil exclusiva de la Sección de Violencia sobre la Mujer; la existencia de violencia o riesgo exige comprobar la vía de protección y las reglas de competencia aplicables.

Aprobación, incumplimiento y modificación

Los acuerdos judiciales se aprueban salvo que sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. El art. 90.2 CC exige resolución motivada cuando se deniegan. Si el acuerdo judicial perjudica gravemente el bienestar de un animal de compañía, la autoridad judicial ordena las medidas que correspondan sin perjuicio del convenio aprobado. Cuando la formalización es ante LAJ o notario y aprecian un posible perjuicio relevante para los cónyuges, los hijos afectados o el animal, deben advertirlo y terminar el expediente para que los cónyuges acudan al juez.

Las medidas pueden cambiar por las nuevas necesidades de los hijos o por un cambio de las circunstancias, según el art. 90.3 CC. En la vía judicial, el art. 775 LEC remite al procedimiento contencioso o al de mutuo acuerdo del artículo 777 según exista consentimiento y exige valorar el cambio sustancial en los términos legales. El art. 776 LEC regula la ejecución forzosa de las medidas y contempla consecuencias específicas para incumplimientos reiterados de pagos o visitas. No se garantiza que una modificación sea rápida, barata o aprobada.

Consentimiento y límites

Firmar un convenio bajo error, violencia, intimidación o dolo puede plantear una impugnación del consentimiento conforme al art. 1265 CC; los artículos 1266 a 1268 concretan el error, la violencia y la intimidación y el art. 1269 CC regula el dolo. Los arts. 1300 y 1301 CC y el art. 1311 CC deben leerse para identificar la acción y su posible confirmación. La existencia de un vicio no produce automáticamente la nulidad de toda la resolución o escritura: hay que distinguir el acto afectado, la aprobación y los hechos probados. Esa cuestión también es distinta de modificar medidas por un cambio posterior de circunstancias o de que la autoridad deniegue inicialmente la aprobación.

Ejemplo orientativo

Dos cónyuges con una hija menor presentan una propuesta de convenio judicial. Pueden describir una custodia compartida o exclusiva, el calendario de estancias, la contribución a alimentos, el uso de la vivienda, los gastos del animal de compañía y, si procede, la pensión compensatoria. El tribunal comprueba la documentación, oye a la menor cuando corresponda, recaba el informe del Ministerio Fiscal y decide si aprueba las medidas. Si después cambian las circunstancias o aparecen nuevas necesidades de la hija, pueden solicitar una modificación conforme a los artículos 90.3 CC y 775 LEC. Es un ejemplo de estructura, no una predicción del resultado de un caso real.

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Fuentes oficiales y fecha de consulta

Código Civil consolidado y texto original; Ley de Enjuiciamiento Civil consolidada y texto original; Ley Orgánica 1/2025 vigente y original; Ley Orgánica del Poder Judicial vigente; Ley Orgánica 1/1996 vigente y original; Ley 15/2015 vigente y original; Ley del Notariado; Ley 8/2021 vigente y original; Ley 15/2005; y Ley 17/2021. Consultadas el 13 de octubre de 2026. Los textos originales y las reformas se conservan como contraste histórico; la regla aplicable debe tomarse del texto vigente y de la jurisdicción que corresponda.

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