Sustracción internacional de menores: qué hacer

Revisión documental: 13 de octubre de 2026. Esta guía ofrece orientación general sobre la sustracción internacional de menores. La urgencia depende de los hechos y del país implicado; el texto no acredita la revisión de un abogado ni sustituye la asistencia de la Autoridad Central o de un profesional con acceso al expediente.

Si acaba de ocurrir: seguridad, fechas y vías que pueden coexistir

Si existe un riesgo inmediato para la integridad del menor, llama a los servicios de emergencia o a la policía del lugar en el que estés. Si no conoces el paradero, reúne toda la información disponible y comunícala a la autoridad competente. Una denuncia penal, una solicitud civil de retorno y una petición de medidas de protección son vías distintas: una no activa automáticamente las otras, y ninguna permite recuperar al menor por cuenta propia.

Empieza una cronología con el último día y lugar en que el menor residía habitualmente, el momento del traslado o del incumplimiento de la vuelta, los consentimientos dados y su alcance, las resoluciones o acuerdos sobre custodia, las comunicaciones, los documentos de viaje y las direcciones o indicios del país de destino. Guarda los originales y las copias en un lugar privado. No publiques fotografías, direcciones, datos escolares o información médica del menor.

El artículo 11 de la Convención de La Haya de 25 de octubre de 1980 exige actuar con rapidez y el Convenio crea cooperación entre Autoridades Centrales. La ficha oficial de la Autoridad Central española permite localizar la vía institucional. Comprueba allí los datos de contacto y los requisitos del país concreto antes de enviar documentación. La Autoridad Central puede ayudar a transmitir la solicitud, localizar al menor, facilitar una solución voluntaria y promover o facilitar actuaciones; no decide por sí sola quién tendrá la custodia ni garantiza un retorno.

La policía o la fiscalía pueden valorar una posible infracción penal, pero no existe una orden internacional automática por presentar una denuncia. No viajes para llevarte al menor ni intentes forzar una entrega: además de riesgos de seguridad, esa actuación puede perjudicar la evaluación civil y penal del caso.

Cuándo puede existir un supuesto de retorno internacional

La Convención de 1980 no convierte en ilícito cualquier viaje no consentido. A efectos de su artículo 3, hay traslado o retención ilícitos cuando se infringen derechos de custodia atribuidos por la ley del Estado de residencia habitual inmediatamente anterior, esos derechos se ejercían efectivamente o se habrían ejercido de no producirse el traslado, y la infracción se produce con el menor en otro Estado parte. Esos derechos pueden provenir de la ley, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo con efecto jurídico. El derecho de custodia incluye decidir el lugar de residencia; el de visita tiene reglas propias.

El Convenio se aplica a un menor que tenía su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes del incumplimiento y deja de aplicarse al cumplir dieciséis años. No fija una regla universal de seis meses, no depende de la nacionalidad o del pasaporte y no exige que exista una sentencia de custodia en todos los casos. La residencia habitual se valora con los hechos del caso y la ley aplicable; documenta dónde vivía realmente el menor y cómo se ejercían las responsabilidades.

Comprueba en la tabla oficial de estados y declaraciones del Convenio si el destino está cubierto, y verifica que el Convenio esté vigente entre los dos Estados y para ese territorio. La tabla es la referencia para la situación, reservas y extensiones; no uses listas fijas de países. Si el destino no está cubierto por el Convenio ni por otra norma internacional aplicable, la vía y sus garantías pueden ser distintas y hay que revisar el Derecho local con asistencia cualificada.

En la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2019/1111 complementa el marco de responsabilidad parental, retorno, cooperación, reconocimiento y ejecución para los asuntos incluidos en su ámbito. Sus artículos 22 a 28 contienen reglas específicas sobre las solicitudes de retorno y la tramitación urgente. El artículo 100.1 limita su aplicación a los procedimientos incoados, documentos públicos y acuerdos registrados el 1 de agosto de 2022 o después; el artículo 100.2 mantiene el Reglamento (CE) 2201/2003 para resoluciones dictadas en procedimientos ya incoados, documentos públicos formalizados o registrados y acuerdos que hubieran adquirido fuerza ejecutiva antes de esa fecha, cuando entren en el ámbito de aquel Reglamento. El artículo 104 deroga el Reglamento 2201/2003 desde el 1 de agosto de 2022 con esa salvedad, y el artículo 105 fija la aplicación general desde esa fecha. El considerando 96 recuerda que Dinamarca no participa en este Reglamento, no queda vinculada por él ni está sujeta a su aplicación; no trates a Dinamarca como un Estado cubierto por este instrumento. La publicación española se consulta en el DOUE publicado por el BOE; el acto se identifica en Publications Office por su número CELEX. No traslades sus reglas a un Estado no miembro ni supongas que todos los trámites europeos son iguales.

Retorno, custodia, visitas y protección no son la misma decisión

El procedimiento de retorno busca decidir si el traslado o la retención vulneraron los derechos de custodia y si procede devolver al menor al Estado de su residencia habitual anterior. La resolución de retorno no decide el fondo de la custodia: el artículo 19 del Convenio de 1980 separa ambas cuestiones, y su artículo 16 limita que el Estado requerido resuelva el fondo mientras esté pendiente el retorno. Después pueden ser necesarias medidas sobre custodia, visitas, comunicación o protección en el Estado con competencia para el fondo.

El plazo de un año del artículo 12 del Convenio no es una caducidad que cierre siempre la solicitud. Si al comenzar el procedimiento ha pasado menos de un año, la autoridad debe ordenar el retorno con prontitud cuando concurren los requisitos. Después de un año también debe ordenarlo salvo que se demuestre que el menor está integrado en el nuevo entorno; la prueba y la valoración corresponden a la autoridad que conoce del retorno.

La autoridad requerida puede no ordenar el retorno si quien se opone acredita alguna de las causas del artículo 13: que los derechos no se ejercían, que hubo consentimiento o aquiescencia, o que existe un grave riesgo de daño físico o psicológico o de una situación intolerable. También puede tener en cuenta la oposición del menor cuando tenga edad y grado de madurez adecuados. El artículo 20 contempla una excepción vinculada a los principios fundamentales de derechos humanos y libertades del Estado requerido. No hay una edad automática de oposición ni una denegación automática por alegar violencia: hay que probar los hechos y aplicar la norma del caso.

La audiencia del menor debe tratarse con cuidado. En España, el artículo 778 quinquies.8 LEC ordena oírle separadamente antes de decidir, salvo que por su edad o grado de madurez no sea conveniente, lo que debe motivarse. No se debe preparar al menor para una respuesta ni exponer públicamente su relato.

Si el menor está en España: procedimiento civil de retorno

El capítulo IV bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplica cuando un convenio internacional o el Derecho de la Unión permite pedir la restitución o el retorno de un menor trasladado o retenido ilícitamente y el menor se encuentra en España. El artículo 778 quáter excluye el capítulo cuando el Estado de procedencia no pertenece a la Unión Europea ni está cubierto por un convenio internacional aplicable.

La competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia, Ceuta o Melilla, con competencias de familia, donde se encuentre el menor, y el tribunal la examina de oficio. Pueden promoverlo quien tenga guarda y custodia o un régimen de estancia, visitas, relación o comunicación, y la Autoridad Central española cuando corresponda. Las partes deben actuar con abogado y procurador; si la Autoridad Central insta el procedimiento, la intervención de la Abogacía del Estado cesa cuando la persona solicitante comparece con profesionales propios.

La ley califica el proceso de urgente y preferente y prevé un plazo total inexcusable de seis semanas en ambas instancias, salvo circunstancias excepcionales que lo hagan imposible. Es un plazo legal del procedimiento, no una promesa de resultado ni una medida del tiempo real de un caso internacional. En este procedimiento de retorno, la existencia de una denuncia o causa penal por sustracción de menores no permite suspender las actuaciones civiles por prejudicialidad penal. El juez puede acordar medidas cautelares de aseguramiento del menor, medidas del artículo 158 del Código Civil y, cuando sea compatible con su interés, relaciones o comunicaciones supervisadas.

La demanda debe identificar al solicitante, al menor y a la persona que lo trasladó o retuvo, explicar la petición, aportar la información disponible sobre su localización y adjuntar la documentación que exija el convenio o el Reglamento aplicable. El letrado de la Administración de Justicia debe resolver sobre la admisión en veinticuatro horas; admitida, se requiere la comparecencia con el menor en una fecha que no puede exceder de tres días. Si hay oposición escrita, la vista se señala dentro de los cinco días siguientes y las pruebas útiles y pertinentes se practican en el plazo legal. La sentencia se dicta, celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los tres días siguientes a su finalización, y se limita al traslado o retención ilícitos, al retorno y a su forma de ejecución.

Solo cabe apelación con efectos suspensivos y tramitación preferente. El plazo para interponerla es de diez días desde el día siguiente a la notificación; la ley fija treinta días para resolverla. Son plazos procesales que pueden verse afectados por incidencias, notificaciones, localización y cooperación internacional. La sentencia puede pronunciarse sobre costas y gastos de viaje cuando acuerde el retorno, pero no existe un coste o una compensación universal.

Si el menor salió de España, este capítulo español no convierte a los tribunales españoles en el órgano que decide el retorno en el Estado extranjero. La solicitud puede tramitarse por la Autoridad Central española o directamente ante la autoridad competente en el Estado requerido, según el Convenio, el Reglamento y sus formularios. El artículo 778 sexies LEC permite pedir en España, al margen de la solicitud de retorno, una resolución o certificación que declare ilícito el traslado o la retención; la competencia y la utilidad de esa declaración dependen del expediente.

La vía penal tiene elementos y fines propios

El artículo 225 bis del Código Penal sanciona al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor. A estos efectos describe el traslado desde la residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de quien tenga la guarda o custodia, y la retención incumpliendo gravemente el deber establecido por una resolución judicial o administrativa. Si el menor sale de España o se exige una condición para restituirlo, la pena se aplica en su mitad superior; el precepto contiene además reglas específicas para comunicación y devolución en veinticuatro horas y quince días.

La existencia de un traslado internacional, una denuncia o una discusión sobre el consentimiento no demuestra por sí sola todos los elementos del delito ni obliga a la autoridad penal a adoptar una medida concreta. La causa justificada, la conducta, la resolución incumplida, el consentimiento, las fechas y la prueba deben valorarse en el procedimiento penal. El artículo 225 bis vigente fue incorporado por la Ley Orgánica 9/2002 y su apartado 2 fue modificado por la Ley Orgánica 8/2021. La vía penal no sustituye la demanda civil de retorno y la vía civil no equivale a una condena penal.

Documentos y decisiones que conviene preparar

• Identidad y fecha de nacimiento del menor, datos de quien solicita y de la persona con la que se encuentra.
• Pruebas de la residencia habitual inmediatamente anterior: domicilio, escolarización, asistencia sanitaria, actividades y otros hechos relevantes, sin remitir datos excesivos.
• Resoluciones, convenios o acuerdos con efecto jurídico sobre guarda, custodia, visitas, comunicación o lugar de residencia, con sus fechas y notificaciones.
• Una cronología del traslado o de la retención: último contacto, fecha prevista de regreso, billetes o reservas disponibles, autorizaciones, mensajes y comunicaciones, distinguiendo lo que se sabe de lo que se infiere.
• Información verificable sobre el país, localidad y persona con la que está el menor. Si no se conoce, indícalo y aporta indicios seguros; no contrates búsquedas privadas invasivas.
• Pruebas de consentimiento, aquiescencia, riesgo, violencia o imposibilidad de retorno que puedan ser relevantes, siempre por el cauce adecuado y con protección de datos sensibles.
• Copias auténticas, traducciones o legalizaciones solo cuando las exija la norma aplicable o la autoridad que reciba la solicitud. La Autoridad Central puede indicar el formulario y el idioma requeridos.

Antes de remitir la solicitud, comprueba si el país es parte del Convenio de 1980, las declaraciones y el territorio al que se extiende, si el Reglamento europeo es aplicable y qué órgano recibe la demanda. Si no existe una base convencional o europea aplicable, la estrategia puede depender del Derecho del país de destino y de la cooperación diplomática; no hay una subvención, plazo o resultado garantizado por esta guía.

Fuentes oficiales y límites de esta orientación

• Convenio de La Haya de 1980, texto oficial (arts. 1 a 21 y cooperación de las Autoridades Centrales).
• HCCH, tabla de estados, entrada en vigor y declaraciones y ficha de la Autoridad Central española.
• Reglamento (UE) 2019/1111, texto español publicado en el DOUE/BOE (arts. 22 a 28, 100, 104 y 105 y considerando 96); el acto se identifica por su número CELEX en Publications Office.
• LEC vigente, arts. 778 quáter, 778 quinquies y 778 sexies, su texto original, la Ley 15/2015, la corrección de errores BOE-A-2015-9524 y el art. 103.122 del Real Decreto-ley 6/2023, que reformó el apartado 11 del artículo 778 quinquies.
• Código Penal vigente, art. 225 bis, texto original, Ley Orgánica 9/2002 y Ley Orgánica 8/2021.
• Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, art. 2, sobre interés superior, dentro de su ámbito.
• Código Civil, art. 158, medidas judiciales de protección frente a la sustracción y otros riesgos, dentro de su ámbito.

Fuentes normativas oficiales y ficha de la Autoridad Central comprobadas para esta revisión el 13 de octubre de 2026. La aplicación depende del país, el territorio, la fecha, los hechos y el expediente; no se ofrecen resultados garantizados ni acreditación profesional.

Cuadro resumen de plazos, normativa y herramientas sobre sustracción internacional de menores

Para que puedas comprobar de un vistazo los requisitos formales y las herramientas de cálculo aplicables a tu situación en 2026, resumimos en esta tabla los parámetros esenciales de Sustracción internacional de menores: